Civil en la CONAL
En Septiembre de 2021, cuatro organizaciones de la Sociedad Civil libre de conflictos de interés con la industria alimentaria presentaron una propuesta de reforma del Código Alimentario Argentino (CAA) para limitar el contenido de Ácidos Grasos Trans de producción industrial (AGT-PI) en productos alimenticios, ingredientes y materias primas, junto la posterior prohibición del uso de aceites parcialmente hidrogenados (por ser principal fuente de grasas trans).
La propuesta ingresó a la CONAL bajo el expediente EX-2021- 81577320-APN-DLEIA#ANMAT. En la última reunión del año 2021, realizada el 1 y 2 del mes de diciembre, sólo se mencionó el ingreso de la nota y se dejó en actas que se continuaría el tratamiento del tema en la próxima reunión.
Fuente: Acta CONAL N° 143
Para ese entonces, no sólo la Sociedad Civil había ingresado una petición formal para la modificación del artículo 155 tris, basada en las recomendaciones de la OMS para eliminar las grasas trans del suministro de alimentos, sino que también, recolectó y generó evidencia científica libre de conflictos de interés sobre el estado actual del consumo del nutriente crítico en cuestión, realizó un análisis químico para monitorear el contenido y concentración de AGT en margarinas de uso industrial, investigó potenciales reemplazos de grasas de mejor perfil. Toda dicha evidencia fue compartida a los miembros de CONAL, al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Alimentos (INAL).
En marzo de 2022, se realizó la primera reunión de la CONAL del año y el Ministerio de Salud presentó una propuesta de modificación del artículo 155 tris en línea con lo presentado anteriormente por las organizaciones de la Sociedad Civil. Aún así, debimos presentar cartas en apoyo a una parte de la modificación - la que prohíbe el uso de los aceites parcialmente hidrogenados - ya que parecía no estar saldada la necesidad de ir por el mejor estándar dentro de la CONAL.
Fuente: Acta CONAL N° 144
En el Anexo I del Acta 144 se adjuntó la presentación de la propuesta de modificación impulsada por el Ministerio de Salud en conjunto con el INAL. La misma contaba con una cantidad considerable de diapositivas que buscaban limpiar la imagen del INAL con respecto a la fiscalización y el SIFEGA, donde selectivamente se hablaba de alimentos destinados al público. Nada se mencionó sobre los resultados de materias primas presentados por la sociedad civil donde se hallaron concentraciones de hasta 39% de AGT del total de grasas (25% del producto) en margarinas de uso industrial. Dichas margarinas, vendidas de industria a industria para la producción de, por ejemplo: panificados, pastelería y repostería, podrían llevar a que, con sólo media unidad de una medialuna producida con ellas, se pueda superar el límite de ingesta alertado por OMS.
Fuente: elaboración propia sobre el impacto de la concentración de GT de materias primas analizadas en la producción de alimentos de consumo masivo y cotidiano.
La propuesta oficial fue tomada con prioridad frente a la presentada por las organizaciones de la sociedad civil, es decir la primera decisión política fue preferir la presentada por el Ministerio y dejar de lado la presentada por las organizaciones, la misma siguió su curso siendo enviada a la CONASE. El consenso sobre trabajar hacia el mejor estándar en materia de políticas de restricción de estos nutrientes críticos en la cadena de suministros de alimentos era amplio, y estratégicamente las organizaciones no dijeron nada al respecto, porque lo primordial era que la medida avance.
Fuente: Acta CONAL N° 145
La propuesta luego de ser tratada por la comisión asesora (no vinculante) entró en instancia de consulta pública - una de las pocos espacios en los que puede participar la sociedad civil para que su voz sea, de alguna manera, escuchada - donde se contó con el apoyo de más de 60 organizaciones nacionales e internacionales y el acompañamiento de casi 4000 personas firmantes de una carta impulsada por las organizaciones. Sólo 6 cartas (similares entre sí), provenientes de la industria y cámaras afines, frenaron el avance de la normativa en la reunión de junio de 2022. Cabe mencionar que desde las organizaciones se solicitó de manera formal la participación en la mesa de discusión de la CONAL y la misma políticamente tratada - se convocaría a la Sociedad Civil en caso que lo creyeran necesario, lo que claramente, nunca sucedió-.
Fuente: Anexo I - Acta CONAL N° 144
Llegado el momento, desde SANAR se expusieron las contradicciones entre las afirmaciones de apoyo a la mejora de la normativa por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del SENASA, pes
e a que ese apoyo no se veía reflejado en el avance de la política. También, se expusieron los mecanismos legales de financiamiento de las horas extras de los agentes del SENASA por parte de la industria alimentaria bajo la figura de “requeridos”.
Finalmente, en la última reunión de CONAL del pasado 24 de agosto, se aprobó la normativa con modificaciones en los plazos a favor de las industrias sobre la reducción de AGT en las materias primas de
uso industrial, llevando el tiempo propuesto por el Ministerio de 2 a 3 años. Fue cuando el INAL - el mismo que negó, a comienzos del 2021, que existieran problemas en Argentina con el consumo de grasas trans como así también se negó a recibir a las organizaciones para el tratamiento del problema - decidió publicar acerca del proyecto como una “iniciativa de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y de ANMAT a través del INAL, en concordancia con las recomendaciones de la OMS”.
¿Es un tema de cartel? ¿Cuestión de Egos? No. Sencillamente es la decisión política de no sentar precedentes de la participación de la Sociedad Civil en los procesos de modificación del Código Alimentario Argentino.
Que se haya decidido trabajar sobre la propuesta presentada por el Ministerio y no en una idéntica presentada por las ONGs 5 meses antes, fue una decisión política.
Que no se mencione el desarrollo de la evidencia científica por parte de las ONGs que colaboró en el armado del caso y su participación al Ministerio y al INAL, fue una decisión política.
Que 6 cartas de la industria alimentaria con conflictos de interés tenga el suficiente peso para en primera instancia demorar el tratamiento y en segunda instancia para modificar los plazos de implementación, habla de lo permeable que es la CONAL a la interferencia de la Industria.
El ocultar la participación de manera directa o indirecta es invisibilizar el trabajo de muchas organizaciones e investigadores en pos de mejorar los estándares de políticas públicas para la promoción de la salud y la prevención de ECNT de la población a la que representan.
Es, también, adjudicarse interés por un tema al cual mantuvieron subfiscalizado y “debajo de la alfombra” hasta que 5 organizaciones de la sociedad civil decidieron develar.
Es falta de transparencia institucional.
Que la Sociedad Civil participe de procesos es algo que la dirección de INAL parece no querer, aparentemente, la incomoda. Pero cierto es, que sin el trabajo realizado por las ONG, tanto en materia de construcción del caso, proporción de evidencia científica y colocación dentro de la agenda política, hoy se seguiría como estábamos; con un INAL que responde mejor a las presiones de DÁNICA y de las cámaras frigoríficas que a su función de velar por la salud de todas y todos.
El tema no termina acá, la última vez que se buscó hacer un cambio en este artículo, el trámite administrativo que celebra INAL tardó 2 años, lo que, de replicarse en la modificación actual correría los plazos de adecuación a 4, 5 y 6 años. Por lo que, exigimos que la normativa sea publicada en el Boletín Oficial cuanto antes, resguardándola de potenciales maniobras políticas permeables a los intereses de la industria alimentaria.
Comments